Desde 2009 los A-29 Super Tucanos dominicanos han acaparado en varias ocasiones el foco de los medios de comunicación, tanto por su efectividad en la lucha contra el narcotráfico como en su controvertido proceso de compra.
Antes de los Super Tucanos
Después de la puesta en retiro de los Cessna A-37B en 2002 la República Dominicana empezó un proceso en la búsqueda de una nueva aeronave de combate que tome la vacante dejada por los venerables Dragonflys.
Habían varias opciones, entre ellos el entrenador avanzado Beechcraft T-6A Texan II, versión con capacidad de ataque del conocido Texan II. Era inferior en velocidad a los A-37B y en capacidad de armamento, aunque suponía un gran avance tecnológico.
Los Texan II se presentaron a la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) en la base aérea de San Isidro, sin embargo se desecho esta opción al no ser considerada la más propicia.
En el año 2006 se contempla la posibilidad de poner en vuelo a 4 de los 5 A-37B restantes con tal de volver a patrullar los cielos del país así como de combatir el narcotráfico. Para tal fin se evaluaron las 3701, 3702, 3703 y 3707, que se encontraban en San Isidro, con tal de ser enviadas a Chile para ser puestas nuevamente en estado de vuelo.
A pesar de que las aeronaves llegaron a ser evaluadas por técnicos y de inclusive ventilarse la propuesta en los medios de comunicación del país, esta opción nunca prospero, siendo considerada insegura por muchos.
La llegada de los Super Tucanos
En el año 2007, durante el segundo mandato del ex presidente Dr. Leonel Fernández, se inician negociaciones para adquirir de 8 a 12 unidades del EMB-314 Super Tucano, conocidos también como A-29, fabricados en Brasil por la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (EMBRAER).
El Super Tucano es una evolución del T-27 Tucano con avanzada tecnología y costo de operación económico, además de tener opciones de armamento superiores al T-6 Texan II estadounidense, en operació con Brasil y Colombia.
Finalmente, y después de mucho debate y controversia (de la cual hablaremos más adelante), en 2008 se aprueba la compra de dichas aeronaves por un monto total de 93.7 millones de dólares con un préstamo suscrito entre RD, el Banco de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES), y Embraer.
Las dos primeros A-29 llegan al país el jueves 10 de diciembre del año 2009, el FAD 2900, pilotado por el coronel HIlton Cabral Herrera, y el FAD 2901 piloteada por el mayor Gabriel Medina Then. Ambos pilotos realizaron el vuelo con dos coroneles de la Fuerza Aérea de Brasil como copilotos.
Junto con los ST el gobierno adquiere tres radares a la compañía israelí ELTA, modelo ELM2106NG, con tal de rastrear incursiones de aeronaves ilegales en el país. Las 6 aeronaves restantes llegaron a lo largo del año 2010. Estos llevan las matriculas FAD 2900 a 2907.
El éxito de las aeronaves no se hizo esperar; para 2011 las trazas de vuelos ilícitos en el país había bajado de manera drástica gracias a la acción de los A-29, de acuerdo a las autoridades.
Pase de los 8 A-29 durante el desfile militar del 27 de febrero de 2012.
Hasta el momento todas las unidades permanecen en operación, teniendo su centro de operaciones en la Base Aérea de San Isidro, en Santo Domingo. Sin duda que han cumplido con su misión; sin embargo, este no es el único motivo por el que han alcanzado gran sonoridad en el país.
Escándalo de Corrupción
Los Super Tucanos dominicanos se han visto envuelto en una serie de controversias relativas a su compra que hasta el día de hoy permanecen. No es la primera vez que pasa; cuando se adquirieron los ENAER T-35 Pillan de entrenamiento, en 1997, hubo denuncias similares de sobreprecio de las aeronaves.
La ex senadora por la provincia de Puerto Plata, Ginette Bournigal, denuncio actos de corrupción en la compra de las aeronaves, diciendo que estas fueron vendidas por US$2.7 millones por avión, cuando su precio de fábrica era (en aquel tiempo), de unos 420 mil dólares.
Como mencionábamos anteriormente, desde las negociaciones para su compra las ST fueron motivo de controversia. Lo primero que los críticos mencionan es que su adquisición no se realizo vía licitación pública, según lo establece la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, lo que fue el primer estallido de protestas entre sectores políticos y de la sociedad civil.
Uno de los puntos de crítica fue el precio de por aeronave, unos 11.7 millones de dólares, frente a los 9.3 millones a precio de catalogo.
Usualmente esto se debe a que el monto adicional representa cosas como entrenamiento, garantía, piezas, etc., en especial cuando se compra un nuevo modelo (ej: Perú y la adquisición de los C-27J Spartan). A pesar de que estaba incluido en el contrato no fue propiamente explicado a la ciudadanía, lo que genero muchas criticas.
La investigación
El caso no gana gran relevancia hasta 2013, cuando se publica en el diario estadounidense “The Wall Street Journal” una noticia en el cual se informaba la investigación de parte de las autoridades brasileñas y estadounidenses a Embraer sobre un supuesto soborno de US$3.4 millones relativo a las aeronaves.
El soborno seria a un funcionario dominicano para facilitar la adquisición de los Super Tucanos por parte de RD, donde se mencionaba al coronel de la FAD Carlos Piccini, quien fungió como director de Proyectos de las Fuerzas Armadas en 2008, como persona involucrada en dicha acción.
El mismo medio estadounidense publica en septiembre de 2014 un reportaje referente al mismo tema, en el cual se informaba de que las autoridades brasileñas acusaban a ocho empleados de la compañía Embraer de haber estado involucrados en sobornos a las autoridades dominicanas para la compra de los A-29.
El caso estalla el 16 de marzo del 2016 con una publicación del Wall Street Journal donde un consultor de la compañía brasileña, Elio Moti Sonnenfele, declaro haber sido la persona usaba por la compañía para el pago del soborno al coronel Piccini para agilizar la compra de las aeronaves, quien los destinaria a un senador para facilitar la adquisición.
El 10 de agosto del mismo año el juez de instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, ordena el arresto del coronel Piccini así como al exministro de las Fuerzas Armadas, Mayor General retirado Pedro Peña Antonio, dada la vinculación de ambos al caso de corrupción, junto con los los empresarios Daniel Aquino Hernández y su hijo Daniel Aquino Méndez.
Update enero 2024: Luego de varios años los imputados fueron declarados inocentes, 2022. Aún la sentencia se declaró nula y se ordena un nuevo juicio en Junio de 2023, a solicitud del Ministerio Público. Sin embargo esto no prosperó, al vencerse el plazo de duración del proceso.
Fuentes:
Lic. en Comunicación Social, despachador de vuelos y piloto privado. Creador y administrador de Dominicana Vuela. Amante de la lectura, música y café.
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